La norma se estructura en siete títulos y 75 artículos en los que se recoge, entre otras cuestiones, la creación de Estrategia Regional frente a la Despoblación, el uso de la contratación pública para hacer frente a la despoblación, la garantía de servicios públicos básicos, la diversificación económica, medidas para favorecer la conciliación, la garantía de la conectividad o beneficios fiscales para quienes residan en las zonas rurales más afectadas por la despoblación.
Blanca Fernández ha destacado que “se trata de una ley para garantizar el desarrollo integral del medio rural, que presta especial atención al reto demográfico y la lucha frente a la despoblación, que garantiza el acceso a los servicios públicos y la igualdad de oportunidades en el medio rural para la cohesión social y territorial de nuestra región, y todo ello en el marco de una cultura de igualdad entre mujeres y hombres”.
